Se acabó. Tarjeta roja al acoso sexual en el trabajo
Isabel Fraga sufrió acoso sexual continuado por parte de un jefe de planta cuando era vendedora en una tienda de ropa. El acosador le hizo la vida imposible durante años y la empresa no solo ocultó su caso, sino que ejerció tal presión sobre ella que tuvo que abandonar su puesto de trabajo.
Arancha, trabajadora del servicio de habitaciones de un hotel de Alcalá de Henares (Madrid), fue a llevar unas toallas a la habitación de un cliente y éste le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. El hotel no solo evitó echar al cliente en ese momento, sino que obligó a Arancha a seguir trabajando hasta terminar su jornada.
El último caso público ha sido el de Jenni Hermoso, la jugadora española de fútbol que tuvo que aguantar cómo su jefe, Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), le daba un ‘piquito’ sin su consentimiento para celebrar la consecución del campeonato Mundial de la FIFA y después, durante la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, la señalaba públicamente y evitaba dimitir de su cargo, recibiendo la ovación generalizada de todos los estamentos de la Federación.
Muchas leyes, escaso cumplimiento
Ésta es la realidad de una situación que tienen que aguantar miles de mujeres, la mayoría en silencio por la impasibilidad de las empresas y la falta de apoyo institucional y social, que se está agravando cada vez más con el paso de los años. Según datos del Ministerio de Igualdad, el número de mujeres reconocidas como víctimas de violencia machista en el segundo trimestre de 2022 ascendió a 44.543. Esta cifra supone un 10,89% más que las cifras que se registraron durante los tres primeros meses del año anterior. Las denuncias también se han incrementado un 12,33% y suman un total de 45.743.
Específicamente, según el informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2021 se realizaron 642 actuaciones en las empresas por acoso sexual en el trabajo (157 más que en 2020), con un resultado de 37 infracciones (20 más que el año anterior) y 1.087 trabajadores afectados por las mismas (444 personas más que en 2020). Además, el importe de las sanciones propuestas en materia de acoso sexual, incluyendo acoso discriminatorio por razón de sexo, ascendió a la cifra de 115.632 euros, 52.500 euros más que en el año anterior.
El importe de la sanciones por acoso sexual ascendió a 115.632€ en 2021, 52.500€ más que en 2020
El acoso sexual y por razón de sexo se considera discriminatorio y está expresamente prohibido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, además de que tanto el Estatuto de los Trabajadores, como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social lo consideran como infracciones muy graves, pudiendo ocasionar el despido disciplinario y causa justa para que la víctima solicite la resolución del contrato de trabajo.
Dicho acoso también puede ser constitutivo de un delito previsto en el Código Penal, con penas de multa o, incluso, prisión. Todas las empresas, sean del tamaño que sean, tienen la obligación legal de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, impulsando procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. La prevención del acoso sexual y por razón de sexo es una de las materias que deben figurar en el diagnóstico del plan de igualdad y el procedimiento de actuación formará parte de la negociación del mismo.
Luchar de manera decidida contra una lacra invisibilizada
Sin embargo, a pesar de ser un problema estructural y social de gran magnitud, el acoso sexual en el trabajo se encuentra muy invisibilizado y escasamente sancionado. Las víctimas tienen grandes dificultades para expresar y comunicar el problema y aún más para denunciarlo, porque temen represalias y acabar perdiendo el empleo. La dificultad de prueba en vía judicial hace que las víctimas no cuenten con la seguridad necesaria para hacer valer sus derechos en los Tribunales.
Es el caso de Elia, una trabajadora de una empresa de servicios, que fue acosada sexualmente el año pasado por su jefe, primero de manera progresiva y luego de forma más ofensiva. Ella se negó en todo momento a cualquier tipo de acercamiento y él, ante cada negativa, se iba poniendo más violento.
Elia tomó a decisión de no denunciar y se tuvo que marchar de su empresa por la ansiedad y el estrés que le creaba la situación
Elia decidió comentar este hecho con sus compañeros y compañeras, debatiéndose entre la idea de denunciar o tomar el camino del silencio ante la posibilidad del despido o de crear mal ambiente en su puesto de trabajo. Al final, tomó la decisión de no denunciar y se tuvo que marchar de su empresa por la ansiedad y el estrés que le creaba la situación de indefensión en la que se encontraba. Una realidad en la que se sitúan, por desgracia, miles de mujeres en este país.
Más ayudas para las víctimas de acoso sexual laboral
Las víctimas de violencia de género se encuentran, en muchos casos, desamparadas. Reciben muy pocas ayudas en España, tienen una mínima posibilidad de volver a encontrar un trabajo y, cuando lo consiguen, suele ser en empleos de carácter precario. El total de contratos bonificados por violencia de género en 2020 fue de solo 484, lo que supuso un importante descenso respecto a los dos años anteriores, de los que 345 fueron temporales y solo 139 indefinidos.
Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, se está desarrollando una nueva forma de acoso centrado en la ciberviolencia y el discurso de odio online contra las mujeres, sobre todo hacia las más jóvenes, a las que se les debe prestar especial atención.
Solo podremos acabar con las violencias machistas actuando a través de la educación y la sensibilización, especialmente en el ámbito laboral, y que sean los propios hombres quienes den un paso al frente y comiencen a cuestionar los estereotipos de género para lograr la igualdad real y efectiva tanto en el ámbito laboral como en la vida personal.
Los espacios laborales deben convertirse en espacios seguros para las mujeres, sin que les tengan que generar ansiedad o miedo a la hora de poder ir a trabajar. Es una cuestión de igualdad de derechos, de justicia social, y una obligación ética de las instituciones públicas y sociales de España. Es nuestro derecho.
