Ciudades con turistas, ciudades sin vecinos

El turismo masivo y la proliferación de los pisos de alquiler vacacional tensionan el mercado de la vivienda en las ciudades españolas y dificultan el acceso de la población a este derecho constitucional

Rocío nació en Palma. Tiene 28 años y lleva trabajando desde los 19. Mientras estudiaba en la universidad, era dependienta en una gran superficie. Al terminar formación en comunicación y marketing, la contrataron en una agencia de publicidad. Desde entonces ha tenido varios empleos en ese sector. Sin embargo, y tras llevar cerca de diez años cotizados, sigue viviendo con sus padres: “No me puedo independizar”, asegura.

El problema de la vivienda en el archipiélago balear no es nuevo, pero sí que se ha agrandado en los últimos años. Uno de los factores que ha propiciado esta situación es la proliferación de los pisos de alquiler turístico. “La oferta de viviendas para comprar o alquilar en Palma es muy escasa”, señala Rocío, que confiesa que sigue pendiente de las ofertas de inmuebles en plataformas inmobiliarias como Idealista, aunque lo hace cada día con menos esperanza.

“Lo que encuentro son cuchitriles a precios desorbitados”, remarca. Pese a llevar tiempo trabajado, explica que no puede hacer frente al pago de los alquileres que se ofrecen en la ciudad y tampoco al de una entrada para una hipoteca. “Ninguna opción es viable”, resume resignada.

Mientras los locales esperan que esta situación cambie, observan cómo la ciudad que se está convirtiendo en inhabitable para ellos cada vez acoge más pisos turísticos. “Yo no puedo emanciparme, pero cada día veo a extranjeros entrando y saliendo con maletas de varios portales de edificios residenciales de mi calle. Me hierve la sangre”, confiesa Rocío.

La indignación que expresa Rocío es la misma que ha llevado a miles de personas a concentrarse este verano en varias ciudades españolas. Las protestas contra la masificación turística, en las que ha tenido un especial protagonismo el problema de la vivienda, se han multiplicado en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía española. La primera tuvo lugar en Canarias, pero no fue la única: Málaga, Balears y Barcelona siguieron su estela.

Expulsados de las ciudades

“Quiero vivir en un sitio al que le pueda llamar casa”. Este es uno de los mensajes que se podía leer en las pancartas que portaban los manifestantes en la concentración que tuvo lugar el pasado mes de julio en Palma. “La población está harta de un modelo económico que no tiene en cuenta las problemáticas que genera en los residentes y que, además, solo piensa en seguir creciendo”, explicó en declaraciones a los medios de comunicación tras la marcha el portavoz de la plataforma convocante de la protesta Menys Turisme Més Vida, Pere Joan Femenia.

La consecuencia directa de este modelo turístico en las ciudades se descubre, prácticamente, a simple vista. Se le llama gentrificación y la Real Academia Española (RAE) lo define como “el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo”.

Pero, ¿cuáles son las pistas en las que te puedes fijar para confirmar que una zona está siendo gentrificada? La TikToker Bellidamen lo resumió en uno de sus vídeos más virales en la plataforma. La creadora de contenido, natural de València, comienza explicando que le “encantaría” poder vivir en su barrio, pero que “desgraciadamente” no va a poder. Esto es porque “inmobiliarias, fondos buitres, grandes tenedores, bancos, etcétera… les han echado el ojo a las propiedades del barrio y las ven como una oportunidad de inversión”, explica.

@bellidamen Basta de genteificacion que una chica literalmente solo quiero poder acceder a un piso y que Valencia no se vonvierta en Barcelona #gentrification #gentrificacion #spain #foryou ♬ original sound – bellidamen

“Fijaos en la cantidad de negocios y franquicias que hay abiertos en vuestro barrio dedicados solo al turismo. A mí me da mucha pena que un barrio como el mío esté perdiendo su identidad por venderse al turismo masivo”, añade tras explicar que en el bloque de viviendas en el que vivía su padre y sus abuelos ya no queda ni un local: “Son todo pisos de estudiantes en los que alquilan las habitaciones por 450 euros”.

Un crecimiento sin fin

Pese al aumento de las protestas vecinales el número de visitantes sigue pulverizando sus récords. En la primera mitad de 2024, ha crecido un 13% la cifra de turistas que han visitado España. Son datos de ONU Turismo, entidad que contempla la posibilidad de que se dé un nuevo máximo que alcance los 95 millones de visitantes este año. En 2023, cuando también se batió un record, se dieron 85,1 millones de llegadas.

Los datos de Turespaña indican que España sigue siendo uno de los destinos favoritos para el turismo internacional en el verano 2024. Además, nuestro país se sitúa claramente por encima de sus más directos competidores en mercados como el de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. “Tras una extraordinaria temporada de invierno, que no temporada baja, esperamos completar una segunda mitad del año que iguale e incluso supere a la de 2023”, señaló el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el pasado mes de abril.

Sin embargo, lo que se reclama en las protestas nada tiene que ver con este crecimiento sin fin. Por el contrario, en el manifiesto que se leyó en la concentración celebrada en Palma se reclamaba “poner límites” para garantizar un “desarrollo sostenible” mediante el “decrecimiento turístico y la diversificación de la economía” con criterios de “justicia social”. En la misma línea, en las concentraciones de Canarias, se quiso poner en evidencia que “la creciente turistificación del territorio está abarcando ya zonas urbanas y rurales y la gentrificación que genera dicha actividad está imposibilitando el acceso a la vivienda para una gran cantidad de personas con sueldos y vidas precarias”.

Las medidas que hay sobre la mesa

El Gobierno está preparando un cambio normativo para regular el alquiler turístico. En concreto, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció el pasado mes de julio una “reforma quirúrgica” de la ley de propiedad horizontal para dar poder de veto a los vecinos a la hora de instalar una vivienda vacacional en el edificio. Además, está prevista la creación de una plataforma única en la que constarán todos los inmuebles alquilados en modalidad turística que se publicitan en plataformas como Airbnb o Booking y que se espera que esté lista antes de final del próximo año.

Pese a ello, las Administraciones autonómicas y locales ya han ido legislando en esta materia dentro de sus competencias o están en ello. Así, por ejemplo, el Gobierno canario (Coalición Canaria y PP) está tramitando una norma con la que pretende frenar esta práctica pero que permitirá que una de cada diez casas del archipiélago pueda dedicarse a esta actividad. Por su parte, el Govern balear (PP) ha puesto en marcha una Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad para proponer una hoja de ruta que permita transformar el modelo turístico. Además, en la capital balear, su alcalde, Jaime Martínez (PP), anunció que propondrá prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos.

En València, el consistorio (PP y Vox) ha aprobado una moratoria de nuevas licencias de pisos turísticos mientras se redacta una ordenanza para regular el sector y se avanza con las inspecciones y cierres de los inmuebles irregulares. Sin embargo, por ahora sí que se pueden construir edificios enteros dedicados a ser apartamentos turísticos. Mientras, en Madrid, donde el Ejecutivo municipal (PP) cifraba en abril el número de viviendas turísticas de la ciudad en 14.133, frente a unas 8.034 viviendas en alquiler ofertadas en varios portales inmobiliarios, no se han tomado medidas hasta hace dos meses. Ahora se han reforzado las inspecciones y las multas, suspendido las licencias y se ha publicado un mapa con los pisos turísticos legales que facilita la identificación de los que no lo son.

Barcelona, por su parte, fue pionera en la legislación de esta materia. Fue en el año 2015 cuando se congeló la concesión de nuevas licencias. Desde entonces, el Ayuntamiento de la ciudad condal (PSOE) ha mantenido una fuerte presión sobre los pisos turísticos ilegales, con el cierre de cientos de ellos. El último anuncio de su alcalde, Jaume Collboni, en relación con esta materia, es pionero en España: no se renovará ninguna licencia cuando caduque en el año 2028. Esto conllevará la eliminación de los pisos turísticos legales en la capital catalana.