Sin salida ante la imposibilidad de acceder a una vivienda

Es un problema que parece lejos de solucionarse. El acceso a una vivienda digna en España se ha convertido en un sueño inalcanzable para muchos por los altos precios de los inmuebles en venta y alquiler. De hecho, el último índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) constata que la vivienda se encareció un 8,4% el año pasado. 

Se trata de una circunstancia que ahoga a miles de ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo a la juventud. De hecho, el pasado mes de diciembre, la vivienda se colocó como el primer problema para los españoles y las españolas, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

La indignación ante esta encrucijada se palpa en el ambiente y la ciudadanía reclama soluciones ante la inacción de las administraciones competentes. Dos protestas masivas ya han recorrido las calles de Madrid, pero la tensión no solo se siente en la capital. Vecinos y vecinas de Málaga, Valencia y de ambos archipiélagos, Canarias y Baleares, también han protestado con marchas y manifestaciones en las que pedían una solución ante la emergencia habitacional. 

“Claramente dijimos que la vivienda no es un bien de mercado sino un derecho. Sin embargo, las administraciones han seguido sin tomar las medidas necesarias para cumplir con dicho mandato constitucional”, rezaba el manifiesto que se leyó en una de las últimas convocatorias, que tuvo lugar en Madrid convocada bajo el lema ‘Por una vivienda digna y sostenible’ y que fue promovida por el movimiento Hábitat 24.

Esta situación dibuja un panorama de burbuja. Los factores que nos han traído hasta aquí son variados. Por un lado, hay una insuficiente oferta de pisos en venta y alquiler que ha provocado una escalada inflacionista de los precios. A esta carencia se suma la existencia de un escaso parque inmobiliario de protección pública, pequeño en comparación con los estándares de otros países de la Unión Europea (UE).

El resultado: un estrangulamiento social que supone que, aquellos que consigan acceder a una vivienda, deben destinar más del 30% de su salario a su pago. De hecho, según los últimos datos de Eurostat correspondientes al año 2023, el 30,6% de los inquilinos e inquilinas en nuestro país (en buena parte, personas jóvenes) dedican más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Una cifra que se encuentra 10,3 puntos por encima de la media europea.

De este modo aumentan las desigualdades y el riesgo de pobreza de las personas trabajadoras. De hecho, la brecha entre quienes ya tienen una vivienda en propiedad y quienes no la tienen o tienen que acceder al mercado del alquiler o compraventa es cada vez más grande. En este sentido, cabe destacar el papel de los denominados fondos buitre y de los grandes propietarios, que ostentan posiciones de ventaja y propician el encarecimiento de la oferta. 

Además, las zonas que sufren una mayor presión turística continúan viendo crecer el problema. La proliferación de viviendas turísticas no hace más que encarecer los precios de la vivienda y expulsa a los vecinos y vecinas de sus ciudades. 

Casa Orsola y la lucha contra la gentrificación

Uno de los casos más sonados y que ya se ha convertido en todo un símbolo de la defensa del alquiler asequible y contra la expulsión de los vecinos y vecinas de sus barrios ha tenido lugar en Barcelona. Se trata del caso Casa Orsola. El inmueble fue comprado en 2021 por una empresa dedicada al negocio inmobiliario, Lioness Inversiones SL, que no renovaba los contratos de alquiler a sus inquilinos tras terminarse y que pretendía reformar los apartamentos y alquilarlos a precios de lujo. 

La batalla y la medicación del Síndic de Greuges dio sus frutos tras la paralización de los desahucios previstos y se propició la negociación. Así, el Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Habitat 3 compraron la Casa Orsola por 9,2 millones de euros. Esto significa, en la práctica, que “ningún inquilino tendrá que irse de su casa”, según explicó el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, en rueda de prensa.

Vivir en autocaravanas

Un mercado de la vivienda imposible obliga a las familias a buscar alternativas cada vez más precarias. Cerca de un centenar de familias de Mallorca han encontrado una: vivir en una autocaravana.

Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) identificó la presencia de 150 autocaravanas en Palma. De ellas, unas 83 estarían destinadas a uso residencial. Según el estudio, un 73% de las personas que habitan en autocaravanas dejarían de hacerlo si mejorase su situación económica o el acceso habitacional. 

En esta situación se encuentran el mallorquín Pep de las Heras y el argentino Javier González, de 68 y 67 años respectivamente. Ambos viven en el asentamiento de Son Güells y son pensionistas: “Somos la demostración de un problema. Cuando no te basta el dinero para el alquiler, pasas a la autocaravana. Y de aquí ya vas debajo de un puente”, denunció en declaraciones a medios de comunicación. 

Javier González y Pep De las Heras, junto a otros muchos compañeros, están en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Palma. El consistorio, en manos del Partido Popular (PP) aprobó el pasado mes de noviembre la nueva Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica. Con esta norma, la Administración prevé multar, con sanciones de entre 750 y 1.500 euros, a quienes utilicen las autocaravanas como viviendas. El texto considera estos vehículos infraviviendas y las asimila a una chabola.

Mientras la ciudadanía espera soluciones, continúa engrosándose el problema de la vivienda. Un panorama desalentador que ya atraviesa las vidas de muchas personas que vislumbran un futuro incierto por este motivo.

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