Así lo sentencia el Tribunal Supremo, que considera que el trabajo “es un bien de primera necesidad” y condena a seis años y medio de prisión a un empresario que simuló durante la crisis de la pandemia haber creado una cooperativa de transporte, ofertando empleo a numerosas personas en paro y haciéndoles firmar un contrato falso para vulnerar sus derechos laborales.
Las personas afectadas se encontraban en clara vulnerabilidad, ya que la mayoría eran desempleadas de larga duración y en edad de tener muchas dificultades para encontrar un trabajo. Por eso, el Tribunal Supremo le aplica la condena de agravante en la estafa y confirma así una sentencia que tiene que acabar con estas prácticas fraudulentas y denigratorias para las personas más necesitadas y con menos recursos.
Archivado en:
Empleo, Estafas, Justicia