Una creciente ola de incendios asola la península ibérica este verano. El fuego se ha concentrado en las regiones del noroeste, con frentes activos en las comunidades de Castilla y León, Extremadura y Galicia, pero también en Portugal, Grecia y Turquía. Más de 350.000 hectáreas han quedado arrasadas en España mientras la inversión pública en prevención de incendios se desploma a la mitad en 13 años y los bomberos forestales denuncian una precariedad creciente.
En concreto, la inversión pública forestal que llevan a cabo anualmente el Estado y las comunidades autónomas para el cuidado global de los bosques, ascendía a 1.742 millones de euros en el año 2009, cuando alcanzó la mayor financiación pública en esta área. En 2022, 13 años después, esas mismas partidas presupuestarias cayeron hasta los 1.295 millones de euros, un 26% menos, según un análisis de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo).
El estudio, elaborado con las cifras oficiales facilitadas por los ministerios implicados y las comunidades, pone de manifiesto que, dentro de este capítulo de gasto, el mayor recorte se lo lleva el dinero destinado a la prevención de incendios, que se ha desplomado más de la mitad en estos últimos años. Cabe recordar que la competencia en prevención y extinción de incendios es autonómica, no estatal. Así lo marcan la Constitución –en su Artículo 148-, la Ley de Montes y el Real Decreto-Ley 15/2022.
Existe una certeza: a pesar de que el cambio climático trae en no pocas ocasiones incendios inextinguibles, España todavía gasta bastante más dinero en apagar fuegos que en evitar que se produzcan. De manera global, de las partidas que se destinan al año a incendios forestales, en torno al 60% o al 70% están dedicadas a la extinción, según el cómputo general que ha hecho la organización WWF tras rastrear los presupuestos.
“La única forma de evitar que los grandes incendios sigan devorando comarcas enteras cada verano pasa por gestionar y adaptar el territorio para hacerlo menos inflamable y más resiliente. Hasta ahora, la prevención era entendida como la realización de tratamientos selvícolas puntuales y mantenimiento de pistas, cortafuegos o puntos de agua. Eso es insuficiente. La máxima debe ser crear paisajes para reducir las emergencias. En lugar de combatir las llamas, hay que combatir el abandono rural”, explica WWF en su informe Incendios Forestales 2025: Incendios fuera de control.
Ante este panorama, Greenpeace estima que, con una inversión de mil millones de euros al año en prevención, se podrían ahorrar hasta 99.000 millones de euros en extinción. “Esta cantidad permitiría gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal o casi una quinta parte de España”, expone la entidad en un comunicado.
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En primera línea de fuego
Una emergencia social y ciudadana
La magnitud de estos fuegos hace que se pase de incendios aislados a toda una emergencia social y ciudadana porque se pasa de intentar apagar terreno forestal a proteger aldeas, porque el avance del fuego era tan rápido que llegaba a las puertas de los pueblos, que, además, estaban llenos de turistas.
Ante este panorama, la capacidad para apagar el fuego en el monte es insuficiente porque hay que destinar recursos a proteger a las personas y los bienes inmuebles, como marca la ley.
Con un mundo agrícola abandonado y unos paisajes más inflamables, estos incendios cada vez comen más terreno. Por ello, es necesario una mejor gestión del territorio que se lleve a cabo con políticas a largo plazo que prioricen cuestiones como la repoblación rural y la gestión forestal integral, teniendo en cuenta el avance de la crisis climática.
Bomberos forestales en situación de precariedad
A la falta de inversión en prevención, se suma la creciente precariedad que denuncian los bomberos forestales en todo el territorio. En concreto, España cuenta con unos 25.000 bomberos forestales que dependen de las comunidades autónomas. En los incendios de este verano, además, también han estado trabajando unos 600 efectivos de las Brigadas Forestales, que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, y unos 1.000 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se despliegan cuando así lo requieren los gobiernos autonómicos.
Estas semanas, desbordados por la situación y tras jornadas de trabajo extenuantes, estos profesionales han denunciado la falta de medios y sus precarias condiciones laborales. Una lacra que ha motivado movilizaciones sindicales en Madrid, Andalucía o Castilla y León. Trabajan con contratos temporales, que tienen una duración aproximada de cuatro meses: la temporada de verano. Además, la mayoría están empleados por empresas subcontratadas. Cuentan con salarios que apenas rondan los 1.300 euros mensuales y desempeñan jornadas de hasta 60 horas en cuatro días con descansos reales de seis horas entre turnos.
Estas circunstancias se traducen en operativos que, en muchos casos, no cuentan con recursos humanos permanentes ni suficientes y que ven limitada su capacidad de actuar durante el invierno, la primera y el otoño. El resultado más evidente: la imposibilidad de implementar medidas preventivas eficaces antes de que llegue la temporada de alto riesgo.
Por ello, urge reforzar de manera inmediata los medios humanos y técnicos que atienden la emergencia climática con plantillas estables y condiciones laborales dignas para todo el personal de extinción y prevención de incendios forestales. Además, es necesario abogar por una gestión forestal integral que vaya acompañada de políticas activas de repoblación y apoyo al mundo rural para frenar el abandono. En resumen: hace falta un compromiso real contra la crisis climática en el que se cumplan y se refuercen los objetivos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.
Los incendios de sexta generación
La violencia y el impredecible desarrollo del fuego hacen que estos días hablemos de incendios de sexta generación o megaincendios. Según define WWF, estos fuegos son capaces de modificar las condiciones meteorológicas del lugar donde se producen y desbordan la capacidad de extinción. Estos incendios son de alta intensidad debido a una gran acumulación de combustible seco que, junto con el impacto de los efectos de la crisis climática, los vuelve explosivos e impredecibles, generando pirocúmulos, nubes de gases y vapor de agua, que pueden derivar en tormentas de fuego.
Este combustible seco se acumula a causa del abandono rural progresivo en el que prácticamente no existe la ganadería extensiva. Así, aumenta la densidad y extensión de los bosques. Una circunstancia que repercute en el posible comportamiento de un incendio forestal, explica el decano del colegio oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, en un artículo publicado en la revista La Tierra de la Agricultura y la Ganadería.
“Los incendios de sexta generación son el claro síntoma de una crisis ecológica y territorial. Su futura evolución es una de las mayores incertidumbres en la gestión de riesgos forestales y dependerá de cómo abordemos colectivamente el uso del territorio, la planificación rural y el cambio climático. Lo que no está en duda es que, sin medidas estructurales, estos incendios serán cada vez más frecuentes, intensos e incontrolables”, explica la misma entidad ecologista en el informe anteriormente citado.
Ola de calor y crisis climática
Mientras España ardía, una ola de calor sin precedentes impulsaba la tragedia. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, describía este periodo de calor extremo como un claro aviso de emergencia climática. De hecho, este episodio está entre los tres más duraderos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde 1975. En concreto, desde el 1 de junio y hasta el 18 de agosto, solo ha habido tres días sin alertas por el riesgo para la salud.
Así, según apuntan los informes y los datos observados por Aemet, la crisis climática está haciendo ya que las olas de calor sean cada vez más duras y largas. En concreto, se están incrementando a un ritmo de tres días por década. A falta de que se consoliden los datos de este verano, la ola de este agosto está entre las más largas que ha sufrido España: ha durado 16 días.
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Bomberos, Incendio, Medio ambiente, Precariedad