Clamor social por el derecho a una vivienda digna

Las calles de 39 ciudades españolas se llenaron el pasado 5 de abril para reivindicar soluciones urgentes a la emergencia habitacional y la crisis de vivienda; reclamar la bajada de precios y la recuperación de las viviendas vacías; denunciar la proliferación de las viviendas turísticas y exigir que se regulen los alquileres de temporada.Miles de personas inundaron Barcelona, Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Donosti o Sevilla para reclamar, una vez más, acabar con la especulación en materia de vivienda en un país en el que, según Eurostat, los precios han subido un 11,4% durante 2024 y que se ha convertido en el segundo de la eurozona donde más se encareció la vivienda. Los datos de Eurostat señalan que, en la última década, la vivienda se ha encarecido un 36% en términos reales (descontando la inflación) mientras que sin tener en cuenta ese efecto, los precios son un 70% más caros, en contraste con la media comunitaria (58%) y con la media de la eurozona (50%).

Lo cierto es que, con los precios actuales, los salarios de la población trabajadora son insuficientes para acceder a una vivienda en condiciones dignas y asequibles y la vivienda se ha convertido en el principal problema para la mayoría de la sociedad española, especialmente para los más jóvenes. 

Según el informe Un problema como una casa, del Consejo de la Juventud, el 70% de las personas jóvenes se emancipan a través del alquiler y el 87% de ellas comparte vivienda con otras personas fundamentalmente para reducir gastos. Además, alrededor de un 30% de los jóvenes emancipados necesita la ayuda económica de su familia para hacer frente al alquiler.  

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El porcentaje de los ingresos destinado a pagar una vivienda resultan desmedidos y esta situación se agrava por la resistencia de un buen número de comunidades autónomas a aplicar las primeras medidas de control de precios derivadas de la ley por el derecho a la vivienda. Por ello, es necesario actuar con medidas decididas como crear un gran parque de vivienda pública en alquiler social y a precios asequibles con carácter permanente, desincentivar fiscalmente el uso de la vivienda como negocio o ampliar la competencia de declaración de zonas tensionadas a las entidades locales y condicionar la financiación del Estado en materia de vivienda al cumplimiento de la ley.

Si no se actúa con celeridad, la burbuja especulativa seguirá lastrando la economía de las familias y terminará afectando al consumo y, por tanto, a la evolución del crecimiento de la economía.