Felipe tiene 30 años y trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa dedicada al sector del turismo. En 2024 estuvo cuatro meses de baja laboral por un trastorno de ansiedad. El estrés al que le abocaba puesto y la desmesurada carga de tareas que se le adjudicaban, unidos a un mal ambiente en la oficina, desembocaron en esta situación. Felipe acudió a terapia psicológica y tras unos meses logró cambiar de empleo. Su salud mental ha mejorado notablemente gracias a ello. Pero su caso no es único.
Según el Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental de la Confederación de Salud Mental en España elaborado en 2022, “en una sociedad cada vez más competitiva y demandante, un ambiente laboral tóxico es altamente perjudicial para la salud mental y, entre otros efectos, produce un aumento de personas que acuden a las consultas psicológicas por problemas en el trabajo”.
De hecho, más del 25% de los trabajadores de Europa padecen un estrés laboral excesivo; el 51% de los trabajadores de la Unión Europea afirma que el estrés es habitual en su lugar de trabajo, y casi el 80% se muestran preocupados por el estrés laboral, según un informe elaborado por el Parlamento Europeo elaborado tras la pandemia de la covid-19.
Ante esta tesitura, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, presentó el pasado mes de junio una hoja de ruta que reconoce el papel determinante del trabajo en la salud mental de la población y plantea estrategias específicas para prevenir, detectar y atender los trastornos mentales derivados de las formas de empleo y trabajo.
En concreto, el informe técnico Trabajo y salud mental, “parte del reconocimiento de que el trabajo puede ser una fuente de bienestar, estructura vital y sentido de pertenencia cuando se desarrolla en condiciones dignas. Sin embargo, cuando se realiza en contextos de precariedad, sobrecarga, inseguridad o violencia, se convierte en un factor generador de sufrimiento psíquico y patología”, explicaba el Ministerio en un comunicado.
Entre los datos que destaca el documento, llama la atención que aproximadamente 170.000 cuadros depresivos podrían haberse evitado en el año 2022 si no existieran formas de precariedad laboral como la inseguridad contractual, los bajos ingresos o la falta de control sobre el trabajo. Además, el informe estima que el 26% de los trastornos mentales comunes en la población ocupada en España pueden atribuirse a condiciones laborales adversas, como falta de control sobre el trabajo, exigencias excesivas, inseguridad, o falta de apoyo.
Las caras de la precariedad
“Reducir y eliminar la precariedad laboral constituye uno de los retos más importantes de nuestro tiempo y es esencial para lograr un mundo más justo, democrático y saludable”, así lo especifica el informe PRESME, que ofrece un análisis integral de la relación entre precariedad laboral y salud mental en España en el contexto de una policrisis global.
El texto, elaborado por la Comisión de personas expertas sobres el impacto de la precariedad laboral en la salud mental en España y presentado en marzo de 2025, revela que más de la mitad de la población activa en España enfrenta situaciones de precariedad laboral, afectando especialmente a mujeres, migrantes, jóvenes y personas con menor nivel educativo.
Así, el mismo estudio concluye que los problemas de salud mental se distribuyen desigualmente entre la población siguiendo un gradiente social, es decir, afectan en mayor medida a las clases y grupos sociales que sufren un mayor grado de explotación, opresión y/o discriminación.
En este sentido, la prevalencia de mala salud mental es 2,5 veces mayor entre las personas trabajadoras más precarias; y en España, con datos de 2020, el riesgo de depresión atribuible a la precariedad laboral (y el desempleo) entre la población activa es del 33,3% (especialmente significativo en el caso de las mujeres).
Por último, el informe hace hincapié en que la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales no es una característica intrínseca de estos, sino resultado de una desigual distribución de poder, recursos y oportunidades entre la población. Por ello, “los problemas de salud mental derivados de la precariedad laboral y social son sistemáticos, evitables y, por lo tanto, injustos”, sentencia el documento.
Abordar los riesgos psicosociales, un reto pendiente
Mientras, los riesgos psicosociales de origen laboral, que son los que de forma más directa afectan en la salud mental de las personas trabajadoras, son los grandes olvidados en la gestión preventiva. De hecho, son los únicos que no cuentan con una normativa propia y diferenciada en nuestro país, como por ejemplo la exposición al ruido o a los agentes biológicos.
En este punto cabe resaltar la relación que existe entre el riesgo cardiovascular y la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son las causantes de cerca de 18 millones de muertes cada año. Además, en España, según los datos de la Estadística de defunciones según la causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2024, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la segunda causa de muerte con un 26,1% del total de defunciones. La primera fueron los tumores, con un 26,6% del total.
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Hablemos de salud mental
Así, en lo que hace referencia a la siniestralidad laboral, los infartos y derrames cerebrales suponen la primera causa de muerte en jornada de trabajo. En 2024 fallecieron 266 personas trabajadoras por este motivo, 21 más que las fallecidas en 2023, por lo que aumentan un 8,6% según los datos de avance del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El estrés y la depresión son factores de riesgo que pueden influir en la aparición de cardiopatías. Además, diversos estudios afirman que existe relación entre la salud mental y el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, en los pacientes con infarto de miocardio, la prevalencia de depresión es tres veces mayor que en la población general, según la Fundación Española del Corazón (FEC).
Igualmente, un reciente análisis elaborado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins Medicine y publicado en la revista Journal of the American Heart Association indica que las personas entre 18 y 49 años que se sienten deprimidas presentan una mayor probabilidad de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y riesgo de enfermedad cardiaca en comparación con sus compañeros sin problemas de salud mental.
Ante estos datos, urge mejorar las evaluaciones de riesgos psicosociales para así poder aplicar las medidas preventivas y organizativas, la formación y la información, y la vigilancia de la salud respecto a estas patologías.
Del mismo modo, es necesario que las patologías derivadas de la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral se reconozcan cómo contingencia profesional. La actual ley de Prevención de Riesgos Laborales debe modificarse para incluir los riesgos de sufrir estrés, ansiedad, depresión y todos aquellos que produzcan un deterioro de la salud mental de las personas trabajadoras. Se debe incorporar una mirada, también, a los problemas y enfermedades específicas de las mujeres, como el reconocimiento de algunos tipos de cánceres de mama u ovario que actualmente no están reconocidos como enfermedades profesionales, pero que está demostrado que tienen su origen por exposición a algunos agentes propios de la actividad laboral.
La necesaria perspectiva de género
Las estadísticas sobre accidentes de trabajo reflejan que los hombres sufren más accidentes laborales durante la jornada laboral, así como un mayor número de accidentes mortales. Sin embargo, lo cierto es que los hombres ocupan puestos de trabajo en los que están presentes los riesgos físicos o “tradicionales”, mientras que las mujeres ocupan trabajos donde están expuestas mayormente a riesgos psicosociales, en la mayoría de los casos, no reconocidos. Se trata de sectores como el de los cuidados, el sanitario o la educación.
Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre accidentes laborales y problemas de salud relacionados con el trabajo del año 2023, 12 de cada 1.000 mujeres trabajadoras identificaron las afecciones mentales como principal trastorno atribuido al trabajo frente a 9 de cada 1.000 hombres trabajadores. Las mujeres también declaran mayores problemas óseos, articulares o musculares que los hombres, así como dolores de cabeza y fatiga ocular provocadas por el trabajo.
Los datos demuestran que es necesario dotar de perspectiva de género a la gestión preventiva de los riesgos laborales, ya que hasta ahora únicamente se ha prestado atención a lo relacionado con la protección de la maternidad y la lactancia. Es necesario avanzar en la protección de la seguridad y salud en el trabajo de las mujeres trabajadoras sin descuidar los aspectos psicosociales.
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